En una controvertida decisión que ha generado indignación entre familias, asociaciones y profesionales de la educación, la Comunidad de Madrid anunció este martes una nueva medida que prohíbe la integración del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las aulas ordinarias de los centros educativos. La medida, publicada en el boletín oficial de la comunidad, entrará en vigor a partir del próximo curso escolar.

Según el comunicado emitido por el gobierno regional, la decisión se fundamenta en la «necesidad de ofrecer un entorno especializado que atienda las necesidades específicas de este colectivo». Sin embargo, detractores de la medida consideran que esta iniciativa constituye un retroceso en materia de inclusión y vulnera los derechos de los menores.

«Es una barbaridad. Estamos hablando de niños y niñas que necesitan convivir y aprender junto a sus compañeros para desarrollarse plenamente», declaró Ana Ruiz, presidenta de la Federación Autismo Madrid. Además, criticó la falta de diálogo previo con las familias y profesionales afectados.

Por su parte, fuentes del gobierno regional defendieron que la medida busca «garantizar una atención personalizada y de calidad» y aseguraron que los estudiantes con TEA contarán con «centros especializados mejor equipados». No obstante, esta explicación no ha convencido a los críticos, quienes ven en la iniciativa una discriminación encubierta que margina a los estudiantes con TEA del sistema educativo general.

Las redes sociales han sido el escenario de un aluvión de protestas, con etiquetas como #InclusiónTEA y #DerechosDeTodos entre las más compartidas. Padres y docentes han convocado una manifestación para el próximo sábado en el centro de Madrid, exigiendo la retirada inmediata de la medida.

Cabe destacar que la inclusión educativa está recogida como un derecho fundamental en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España. En este sentido, expertos legales advierten que esta normativa podría ser impugnada por su posible incompatibilidad con la legislación nacional e internacional.

Mientras tanto, la comunidad educativa sigue en vilo, esperando que las autoridades reconsideren una medida que podría cambiar drásticamente el panorama de la inclusión en la región