La escuela puede convertirse en el mejor espacio de acogida para un niño o niña en situación de vulnerabilidad, como puede ser un migrante o refugiado. Lamentablemente, el proyecto de ley aprobado por el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que seguirá su tramitación en el Senado, los ubica en una segunda categoría al momento de acceder a este derecho, al establecerse una prioridad respecto de niños chilenos.

En base a los resultados de la Casen 2022, un 29,5% de los hogares migrantes cuenta con al menos uno de sus integrantes mayor de edad con menos años de escolaridad que los establecidos por ley y un 6,5% con al menos una persona edad entre 4 y 18 años de edad que no está asistiendo a un establecimiento educacional.

Según la última estimación oficial, de fines de 2022, en Chile hay un total de 210.521 niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes menores de 19 años. La gran mayoría de ellos hará su vida en Chile y será parte del país que seguiremos construyendo todas y todos los que habitamos este territorio. ¿Queremos dejar a un alto número de la población sin educación?

La educación es fundamental para construir una mejor sociedad, sana y cohesionada, y para que las personas puedan llevar vidas productivas, acceder a empleo, entre otros aspectos. En vez de priorizar entre niños, el foco debe estar en exigirle a la política pública que la escuela, factor protector y de inclusión, pueda acoger a todo niño y niña para el ejercicio de su derecho a la educación.